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St. Paul, Minn – La Unión Americana de Libertades Civiles de Minnesota anunció que llegó a un acuerdo con la el Departamento de Policía de Gaylord, la Oficina del Sheriff del Condado Sibley, y otros por violar los derechos constitucionales de la señiora Jesús Mendoza Sierra. En Marzo 2012, la Cuarta, Quinta y Decimocuarta enmiendas garantizadas a Mendoza por la Constitución de EE.UU. fueron violadas cuando los demandados ilegalmente arrestaron, detuvieron e interrogaron a la Señora Mendoza después de ser detenida. Como parte del acuerdo, y después de la litigación negando las acusaciones, los dos departamentos pagaron a Jesús Mendoza Sierra $40,000 dólares y prometieron hacer cambios dentro de las prácticas de la policía.

"Estoy tan aliviada de que este caso ya haya sido resuelto," dijo Jesús Mendoza Sierra. "Espero que este acuerdo mande un mensaje claro a la policía para dejar de tratar las personas de manera diferente por el color de su piel. No quiero que lo que me pasó a mi le pase a otras personas."

Como parte de este acuerdo tantos el Condado Sibley y la Policía de Gaylord mejoraran y harán más rutinario el uso de cámaras de tablero de las patrullas, y entrenamiento adicional sobre paradas sin discriminación. El Departamento de Policía de Gaylord también dijo que priorizará la diversidad en contratar personal y también en tener más traductores durante interacciones con la policía.

La interacción de la policía con Sierra en 2012 empezó porque el chofer del automóvil fue arrestado donde ella iba. A pesar de una falta total de causa probable o sospecha razonable de conducta criminal, pero en lugar de liberarla inmediatamente, fue detenida, la registraron y llevaron a la estación de policía.

"Este caso es más grande que solo la detención de la Señora Sierra, porque sabemos que la discriminación racial está pasando en todo Minnesota," declaró Charles Samuelson, director ejecutivo del ACLU-MN. "Se trata de cada persona de color que a sufrido ante la policía usando discriminación y tácticas poco efectivas que causan tensión en comunidades entre los miembros y la policía."

Abogados que trabajaron en el caso son: abogado que cooperó Albert Goins, Goins Law Office, Ian Bratlie, abogado del ACLU-MN's Greater Minnesota Racial Justice Project, y Teresa Nelson, ACLU-MN directora legal.

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